El Estado en el conflicto armado colombiano: entre la modernidad inconclusa, los retos del posacuerdo y de la globalización

  • Andrés Francisco Olivar-Rojas Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO. Girardot, Colombia.

Resumen

Este artículo esboza los retos del Estado colombiano frente a tres variables que tocan de manera directa el desarrollo del conflicto armado interno en Colombia: uno, la crisis ideológica de la izquierda en la posguerra fría; dos, la polémica distinción de los grupos subversivos actuales entre rebeldes o criminales, propuesta por autores como Paul Collier; y tres, los desafíos que afronta el Estado colombiano ante el posacuerdo con la guerrilla de las Farc: i) la profundización del contrato social, ii) la redefinición del Estado como actor político que asume estrategias de cooperación transnacional, de “desestatalización y “reestatización” de cara al posacuerdo, y iii) la apertura del sistema político y la profundización de la democracia.

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Biografía del Autor

Andrés Francisco Olivar-Rojas, Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO. Girardot, Colombia.

Comunicador Social-Periodista, Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO, Centro Regional Girardot. Magíster en Estudios Políticos, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Docente Programa de Trabajo Social, Corporación Universitaria Minuto de Dios, UNIMINUTO, Centro Regional Girardot.

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Publicado
2017-10-31
Como citar
OLIVAR-ROJAS, Andrés Francisco. El Estado en el conflicto armado colombiano: entre la modernidad inconclusa, los retos del posacuerdo y de la globalización. PROSPECTIVA. Revista de Trabajo Social e Intervención Social, [S.l.], n. 24, p. 253-269, oct. 2017. ISSN 2389-993X. Disponible en: <http://revistaingenieria.univalle.edu.co/index.php/prospectiva/article/view/5841>. Fecha de acceso: 14 dic. 2018 doi: https://doi.org/10.25100/prts.v0i24.5841.

Palabras clave

Globalización y nuevas guerras, Posacuerdo con las Farc, Contrato social, Apertura del sistema político

1. Introducción

La degradación del conflicto armado en Colombia se explica desde el macrofenómeno de la globalización. Es una premisa, cuanto menos, discutible. Pero quiero en este ensayo esbozar de qué forma la globalización ha definido el rumbo del conflicto armado en Colombia, teniendo como referencia dos elementos de análisis: a) la crisis ideológica de la izquierda y b) el fundamentalismo de mercado. Adicionalmente, ¿cuáles son los retos que afronta el sistema político colombiano de cara al posacuerdo2, luego de la firma del tratado de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016?

La caída del Muro de Berlín supuso para todos los grandes proyectos totalizantes de izquierda en el mundo la quiebra sistémica de todo el aparataje ideológico. El triunfo de la democracia liberal y del capitalismo profundizó el estilo de vida típico de los Estados Unidos. De ahí que estemos en presencia del revival de aquella famosa doctrina del “Destino Manifiesto”, según la cual la Unión Americana está predestinada a expandirse hacia las costas del Atlántico. Pero este lebensraum geopolítico es ahora una geoestrategia económica y cultural de imposición de costumbres y rituales, apoyada por el hundimiento del gran rival del siglo XX. Es probable que a estas alturas resulte un anacronismo hablar del Destino Manifiesto, pero cabe aclarar que la globalización posee unas características intrínsecas que suponen una ligazón entre ésta y los Estados Unidos como su impulsora:

i) el motor de la globalización es el capitalismo, ii) la globalización es multiforme y multicausal, pero el aspecto que domina y descompensa es el económico, iii) si el motor de la globalización es el capitalismo, y si el capitalismo ha triunfado como único modelo económico, la resulta palmaria es que vivimos en la Pax americana.

2.Discusión teórica-analítica: crisis ideológica de la izquierda en la posguerra fría

Ahora, ante el derrumbamiento de su polo ideológico, la guerrilla de las Farc no tuvo más alternativa que seguir insistiendo en su lucha (ideológica). Se suele afirmar que la lucha armada de la izquierda luego de la caída del bloque socialista resulta inútil, pues su principal protagonista, y además principal benefactor, ha muerto. Tocqueville afirmó alguna vez que no es la desesperanza lo que lleva a la rebelión, sino la esperanza. En ese sentido, las Farc han sentido que la Pax americana es motivo más que suficiente para permanecer en pie de lucha. La derrota del McWorld, al decir de Benjamin Barber, es su esperanza. Sin embargo, y a tono con la tendencia actual, la ideología queda supeditada a la economía. En plata blanca: la revolución necesita dinero para sostenerse. Dado que las Farc, durante su lucha armada, fueron en contravía de uno de los presupuestos básicos de la guerra de guerrillas -esto es, que el grupo revolucionario debe “ganarse” al pueblo-, dicha guerrilla no tuvo más alternativa que solventar su lucha a través del narcotráfico. Se puede concluir, entonces, que las reformas estructurales de corte neoliberal de los años 80 les sirvieron a las Farc como excusa para mantenerse en su lucha armada. Mark Duffield (2000) señala cómo la globalización ha obligado a los actores armados de las “nuevas guerras” a acomodarse a las circunstancias de la lógica del mercado imperante:

The ending of the Cold War changed this situation and has had a big impact on the strategies of existing violent actors and those that have emerged subsequently. Lacking external patronage, warring parties have been forced to develop their own means of economic sustainability. Reflecting the logic of globalization, this has often meant moving beyond the state in the pursuit of wider alternative economic networks3.

Cuando Duffield habla de que los actores violentos han tenido que moverse más allá de sus fronteras en busca de alternativas económicas, es inevitable no pensar en la dinámica que ha adquirido el conflicto armado en Colombia por causa del narcotráfico. Y aquí empiezan a delinearse las notables diferencias entre las viejas y las nuevas guerras, siguiendo a Mary Kaldor (2001). Los objetivos geopolíticos y de ideologías excluyentes dan paso a objetivos privados, de mera subsistencia financiera. Las nuevas guerras, puede afirmarse, son mercenarias, venales, sin la talla moral de antaño. Kaldor ilustra, en el segundo capítulo de su libro Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global, dedicado a describir y explicar las viejas guerras, cómo éstas eran la prueba de que el hombre da la vida por su nación por motivos extrínsecos a su bienestar:

La guerra, como señala Van Creveld, es una prueba de que los hombres no son egoístas. Ningún cálculo utilitario e individualista puede justificar el hecho de arriesgarse a morir. El principal motivo por el que los ejércitos mercenarios eran insatisfactorios es que el incentivo económico es, por su propia naturaleza, insuficiente como motivación para guerrear (…) Para que los soldados sean considerados héroes y no criminales, es necesaria una justificación heroica que movilice sus energías y les convenza de matar y arriesgarse a que les maten (p. 43).

Caracterizando los detalles de la guerra que las Farc libraron contra el Estado colombiano se deduce que los actos armados de la guerrilla no poseían la cualidad de heroísmo necesaria para determinarlos como “no egoístas”. Su lucha contra un modelo hegemónico se vio viciada por su modo de supervivencia, además por acudir al terror hacia la población civil -que debería ser su punto de apoyo clave-. Aparte de la pérdida de legitimidad ideológica, se pierde también la legitimidad por los medios a los cuales se acude para subsistir:

Mientras que las antiguas guerras se beneficiaban de un fuerte apoyo popular, las nuevas estarían desprovistas de éste, y no se preocuparían en lo más mínimo, además, por la población; se distinguirían, por el contrario, por su violencia, a menudo extrema, en contra de los civiles. Los métodos de las nuevas guerras se constituirían, en efecto, en uno de sus signos distintivos más flagrantes: por medio de una mezcla de técnicas de guerrilla y contraguerrilla, dan lugar a crímenes en masa, a desplazamientos forzados, etc. (Marshall Messiant, 2004, p. 21).

Por otra parte, la producción y exportación de narcóticos refuerza el argumento según el cual la globalización ha agudizado el conflicto y lo ha despojado de su ideología. A propósito, Michael L. Ross (2003) en su artículo sugiere que “existe buena evidencia de que los recursos naturales y las guerras civiles tienen un vínculo causal”, y sugiere la hipótesis según la cual “mientras más explotable es un recurso, mayor es el beneficio para la gente de la localidad y de los pobres de la localidad donde se explota”.

If true, this hypothesis implies that the extraction of lootable resources such as alluvial gems, drugs, timber, and agricultural products is more likely to have a popular constituency than is the extraction of unlootable resources such as oil, gas, and deep-shaft minerals (p. 55)4.

No hay duda de que la coca es un recurso fácilmente explotable, y de que el vínculo que la guerrilla de las Farc creó con el pueblo ha sido el de la subsistencia de ambos actores a través de la producción, explotación y distribución del alcaloide. El consumo grueso ya pertenece a actores internacionales. La globalización, de esta forma, entra en la dinámica del conflicto como actor fundamental en la medida que introduce una nueva economía de la guerra.

3.Globalización y nueva economía de guerra

Según Paul Collier (2000), el único incentivo de las guerras es el lucro particular. Su teoría radica en que las rebeliones no se mueven por injusticias sociales (grievance), sino por mera codicia de los actores armados (grieve):

A useful conceptual distinction in understanding the motivation for civil war is that between greed and grievance. At one extreme rebellions might arise because the rebels aspire to wealth through capturing resources extra-legally. At the other extreme they might arise because rebels aspire to rid the nation, or the group of people with which they identify, of an unjust regime5.

El conflicto armado colombiano reviste una serie de particularidades que impiden enmarcarlo exclusivamente en una de las dos alternativas. Francisco Gutiérrez Sanín (2004) se encarga de desmontar juiciosamente el argumento de Collier (2000), pero no llega a definir qué caracteriza al conflicto colombiano la codicia o el agravio.

La misma dinámica bipolar de la Guerra Fría sigue rigiendo las dinámicas explicativas de lo político. En este caso particular, la explicación de la guerra puede surgir de dos variables independientes: una economicista y otra estatista o sociológica. Gutiérrez-Sanín indica que esta bipolaridad es insuficiente para explicar el problema. Permítaseme esquematizar el argumento de la siguiente forma (Figura 1):

Distinción entre nuevas guerras y viejas guerras

Figura 1: Distinción entre nuevas guerras y viejas guerras

Para el caso colombiano, el debate sí se da en términos ideológicos. La derecha insiste en que las Farc fueron solo “rebeldes criminales” encargados de sembrar el terror y de enriquecerse a través de la distribución de narcóticos. Para la izquierda, a pesar de que lo anterior es una verdad de a puño, el conflicto fue originado por históricas y sistemáticas injusticias sociales, razón por la cual la salida al conflicto debe ser por medio del diálogo entre Estado e insurgencia. El viejo debate, pero no por ello inútil, queda planteado: reconocimiento o no de las Farc como actores políticos.

Kaldor (2001) es explícita cuando afirma que si se emplea el término “guerra” se habla en términos políticos:

El término ‘guerra’ lo empleo para subrayar el carácter político de este nuevo tipo de violencia, pese a que (…) las nuevas guerras implican un desdibujamiento de las distinciones entre guerra (normalmente definida como la violencia por motivos políticos entre Estados o grupos políticos organizados), crimen organizado (la violencia por motivos particulares, en general el beneficio económico, ejercida por grupos organizados privados) y violaciones a gran escala de los derechos humanos (la violencia contra personas individuales ejercidas por Estados o grupos organizados políticamente) (pp. 15-16).

La guerra en Colombia se amolda a la taxonomía esbozada por Kaldor, pues se libraba entre el Estado y un grupo (con intenciones políticas) organizado; también tuvo un componente de crimen organizado, pues algunos miembros de la guerrilla de las Farc gozaban de lujos particulares propios de la mafia (recordar a alias “John 40”); y violaron flagrantemente los derechos humanos. Aquí Kaldor y Collier parecieran concordar, pues se infiere de la argumentación que tanto lo político como lo económico son dinámicas que interactúan constantemente en las nuevas guerras. A propósito de ello, Collier afirma que “la injusticia social y la codicia pueden tener una relación simbiótica en la rebelión: para iniciar, la rebelión necesita de la injusticia y el agravio, mientras que para sostenerse necesita de la codicia” (Citado por Gutiérrez Sanín, p. 43).

En esa medida, la explicación economicista adolece de un reduccionismo que no permite delinear los matices que identifican el conflicto colombiano. Cierto es que el auge cocalero contribuyó enormemente al crecimiento de las Farc en los años 80, de ahí que pueda afirmarse que la globalización ha potenciado el aspecto economicista (avaricia) en detrimento de la explicación estatista-sociológica (injusticia social). Sin embargo, no puede asegurarse a la ligera que el conflicto en Colombia reviste una sola cara: la ambición particular. El conflicto armado ha sido, es y seguirá siendo político en la medida que persiste el desafío al Estado.

Considero que el análisis del conflicto armado en Colombia pasa por ambas variables explicativas, la codicia particular y la injusticia social. No me voy a encargar de reiterar las pruebas que da Gutiérrez en su artículo. Pero una evidencia más de que la explicación economicista pierde fuerza es, por ejemplo, la muerte en combate en el 2011 de alias “Alfonso Cano”, máximo líder de la guerrilla de las Farc. La leyenda de unas Farc nadando en dólares se desdibuja al ver las circunstancias que rodearon a Cano en su muerte: exiguos recursos materiales y tecnológicos, insuficientes alimentos y casi nada de dinero. No es precisamente el mundo que caracteriza a un poderoso narcotraficante.

Ahora, la explicación estatista-sociológica no debe ser descartada de antemano, por más usada y desgastada que esté. Considero que la explicación ya no pasa tanto por la cuestión de la injusticia social, como por encontrar la conjunción entre tres elementos: i) la renovación del contrato social entre todos los ciudadanos colombianos y el Estado, ii) la redefinición del Estado como actor político que asume estrategias de “desestatalización y “reestatización” de cara al posacuerdo, y iii) la apertura del sistema político ante el escenario de posacuerdo con la guerrilla de las Farc. De esta forma, el Estado pasa a ser el vector desde el cual se entienden las causas del conflicto armado y, a la vez, se desprenden las explicaciones a su posible resolución.

i) El Estado moderno introdujo dos dispositivos de regulación de la vida social: el contrato social entre Estado y ciudadanía y el monopolio de la violencia legítima. El primero es la base del Estado de derecho y de la obediencia a la ley. El ciudadano le debe obediencia al cuerpo jurídico, y a cambio el Estado le otorga una serie de derechos civiles y políticos (los llamados derechos de primera generación). La garantía de la eficacia del segundo dispositivo, el monopolio de la violencia legítima, se desprende del primero. Es necesario aquí aclarar que el contrato social liberal se queda corto en su tarea, pues es inherente al sistema económico capitalista la generación de desigualdades. Por ello es imperativo profundizar el contrato social en las esferas económica y social, no limitarse a lo jurídico-político. Esta no profundización del contrato social es uno de los mecanismos justificativos de la rebelión, de lo que se desprende la pérdida del monopolio de la violencia legítima por parte del Estado.

No cabe duda de que la explicación económica del conflicto aporta elementos importantes a la hora de analizar los conflictos armados. Ha sido útil para el caso colombiano porque ha puesto sobre el tapete una discusión de marca mayor: el reconocimiento o no de las Farc como actores políticos legítimos. Las tesis de Collier se convirtieron, de esta forma, en rueda de auxilio y posterior muletilla retórica de la derecha, que insiste en reducir el conflicto a la categoría de “rebeldes criminales”. La explicación postmoderna-globalizante-economicista busca dejar sin piso la cuestión moderna-estatista-política del conflicto. La primera modificó, pero no borró, la segunda. Para el caso colombiano, es todavía necesario entender y estudiar el conflicto desde el segundo trípode, pues resulta notorio que dos elementos de la modernidad tan importantes como el contrato social y el monopolio de la violencia legítima siguen sin resolución. Cierto es que la globalización (reflejada en el narcotráfico, actividad en la que Colombia es actor internacional de primer orden) ha agudizado y, en gran medida, pervertido a los actores armados. Pero el elemento político del conflicto sigue siendo sustancial en la dinámica de la guerra.

ii) Si la globalización también incluye la transnacionalización y la regionalización de las dinámicas de las nuevas guerras, ocurre lo mismo con la gobernanza. En ese sentido, es imprescindible que los Estados inmersos en conflictos armados desarrollen estrategias de cooperación transnacional en la elaboración de políticas que amplíen y profundicen el compromiso con la democracia. Kaldor conceptualiza la noción de soberanía a la luz de la globalización, para crear lo que da en llamar “conciencia política cosmopolita”:

La principal implicación de la globalización es que la soberanía territorial ha dejado de ser viable. Los esfuerzos por recuperar el poder dentro de un ámbito espacial determinado solo servirán para disminuir todavía más la capacidad de influir sobre los acontecimientos (p. 114).

La cooperación entre Estados, cuyo objetivo no es otro que “despojar” al Estado de su “soberanía” (otro gran debate: la pérdida de la soberanía tradicional) uniéndose a otros Estados para evitar el monopolio de las empresas transnacionales, se convierte en elemento fundamental de la gobernanza global en la lucha contra proyectos antidemocráticos. La Unión Europea, el Tratato de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre otros, son ejemplo de cooperación en tiempos de globalización económica (aún en construcción, polémicos e incluso en crisis), en los que un Estado que se piense exclusivamente desde lo nacional es un obstáculo en la creación de soluciones transnacionales de los problemas globales. Surge así el concepto de nacionalidad cosmopolita (Beck, 2004, p. 288) desde el cual las identidades nacionales se transforman en proyectos y procesos transnacionales para solucionar globalmente los problemas globales. Es una racionalidad estratégica que consolida la posición de los Estados frente a la economía global. Es una racionalidad que se ajusta a los movimientos globales de conflictos como el colombiano, y que le otorga a la política, sin soslayar tozudamente las claras tendencias económicas de las nuevas guerras, el poder de resolución del conflicto.

La redefinición del conflicto le exige al Estado repensarse como actor global. El ascenso del capitalismo global incontrolable, la emergencia de la sociedad del riesgo y la amenaza de nuevas formas de terrorismo hacen parte del diagnóstico de los peligros que se ciernen sobre el Estado. En ese orden de ideas, es necesario mirar más allá del Estado. Éste no debe existir aislado, sino inserto en un sistema político más amplio en aras de encontrar formas más eficaces de compartir el poder, imperativo para encontrar solución a los problemas globales. La correlación entre la globalización y el papel del Estado colombiano de cara al posconflicto radica en reimaginar las comunidades políticas, pues en la era de la globalización se erige una sociedad civil cosmopolita, basada en la primacía de los derechos humanos sobre la ciudadanía nacional. De hecho, si el acuerdo entre gobierno y Farc fue fruto de la cooperación transnacional y de la “conciencia política cosmopolita” entre diversos Estados (Cuba, Noruega, Venezuela), esto da a entender que el posacuerdo también requiere pensar el Estado como institución que transfiere actividades tradicionalmente estatales a entes no gubernamentales, transnacionales o comerciales. Lo anterior, más allá de que se considere ideológicamente como una típica política de corte neoliberal, impulsa la actuación del Estado, que debe ser más intensa que nunca, para ejercer un poder que implique otorgarle a los excombatientes de las Farc las garantías no solo de seguridad, sino de llevar un nivel de vida digno, con la agencia de actores no gubernamentales nacionales e internacionales (educativos, económicos, industriales, empresariales), lo que implica modos de ejercer el poder que resignifican el Estado como “contenedor de poder”.

iii) Frente al acuerdo alcanzado con la guerrilla de las Farc, la apertura del sistema político es un imperativo ético y político, so pena de caer nuevamente en crisis como la vivida en los años 80, cuando la Unión Patriótica, partido político surgido de los diálogos entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc, fue desterrada de la política colombiana a manos de la extrema derecha (élites políticas regionales y terratenientes aliados con miembros de las Fuerzas Militares). Situación similar también ocurrió con el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), guerrilla desmovilizada en 1991, víctima también del accionar antisubversivo de élites regionales en alianza con grupos paramilitares.

Juan Manuel Santos ha reconocido a las Farc como interlocutor válido, lo que es igual a decir que pasamos del reduccionismo guerrerista y economicista de Uribe Vélez al reconocimiento de la subversión como elemento político-militar surgido por razones históricas, políticas y sociales en Colombia. Ello implica reconocer las razones de la existencia del delito político, amparado por la Constitución Política de 1991 como respuesta normativa a los constantes levantamientos en armas por parte de grupos rebeldes.

La raíz de la subversión, y del delito político, radica en el cuestionamiento de la legitimidad de quien ostenta el poder. Al decir de Fernán González, la pérdida de legitimidad del Estado se manifiesta cuando hay “traslado de las lealtades de la gente a otros líderes -entre ellos, señores de la guerra o jefes rebeldes-” (2014, p. 41). Se vislumbra una distinción clara entre el delito común y el delito político. No es lo mismo, según esta disposición jurídica y política, matar por robar que matar para desestabilizar o modificar un orden político y social que el rebelde considera injusto. Desde este punto de análisis, el leitmotiv de la rebelión no es la depredación o la codicia. En Colombia, al tener rango constitucional el delito político, la tesis de Collier pierde validez como variable explicativa generalizable para el análisis del conflicto armado interno.

A la par con la figura del delito político, surgen el indulto y la amnistía como figuras jurídicas destinadas a reducir o, de plano, invalidar las penas que puedan surgir producto de la acción subversiva. “La amnistía es considerada tradicionalmente como una figura jurídica y política que extingue la acción penal” (Tarapués, 2011, p. 391), y el indulto “es considerado como un acto político que elimina la sanción penal en un caso concreto, donde el indultado ya ha sido procesado y condenado” (Op.cit., p. 392). En Colombia se han aplicado históricamente estas figuras en el marco del conflicto armado interno. Los últimos procesos de amnistía e indulto de gran repercusión fueron los ocurridos a comienzos de los años 90 del siglo pasado, cuando los miembros del M-19 se reinsertaron a la vida civil y política y formaron el movimiento Alianza Democrática M-19, también destruido por la extrema derecha.

Estos procesos jurídicos de “perdón y olvido” han sufrido modificaciones en el último tiempo. Ya no es tan fácil que un gobierno acometa amnistías e indultos, pues el Estatuto de Roma está listo para entrar en acción en casos de impunidad frente a delitos de lesa humanidad que los Estados firmantes del Estatuto no sean capaces de afrontar y castigar (Organización de las Naciones Unidas, 1998).

El Estatuto de Roma surge como un instrumento de la Corte Penal Internacional, “facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional”. Colombia, como Estado miembro del Estatuto, debe ajustar su jurisprudencia a las características de dicha justicia transnacional (esto, a tono con la gobernanza global de la que se hablaba en el punto anterior); es decir, debe existir el llamado “bloque de constitucionalidad”. De esta forma, amnistías e indultos como los que hubo con el M-19 no son viables jurídica ni políticamente en la actualidad. Pero, más allá del debate jurídico, quiero centrarme en el debate político, con el fin de vislumbrar una salida democrática al conflicto armado interno en Colombia.

El país ha llegado a un punto de inflexión definitivo. Y no porque se decida acabar el conflicto armado o prolongarlo. El punto de inflexión gira en torno a qué tipo de democracia, sistema político y sociedad civil quiere asumir Colombia: si seguir con un proyecto de nación fallida -que no de “Estado fallido-, o pasar definitivamente a forjar un espíritu verdadero de nación que cohesione a la ciudadanía en torno a valores jurídicos y simbólicos vinculantes.

4.Conclusiones: ampliación del sistema político y profundización de la democracia

¿Qué democracia necesita Colombia? O lo que es igual, ¿qué sistema político? Desde la ciencia política, el concepto de sistema político, como variable investigativa, es una herramienta de análisis más útil que la variable “democracia”, al ser ésta una categoría sumamente amplia. Un análisis clásico del concepto “sistema político” lo ofrece David Easton (2001, pp. 221-230). De su teoría se desprende que el sistema político es una especie de receptáculo vacío que recibe las demandas del ambiente mediante sistemas de entrada (inputs) y sistemas de salida (outputs). En el sistema político residen los decision makers (“tomadores” de decisiones), y en el ambiente residen los ciudadanos. Este sistema canaliza las demandas de los ciudadanos, y luego las “expulsa” en forma de políticas (Figura 2).

Funcionamiento del sistema político según David Easton.

Figura 2: Funcionamiento del sistema político según David Easton.

El sistema político en Colombia ha sido históricamente cerrado, debido a la captura de éste por parte de las élites que, a pesar de haber sostenido una democracia institucionalizada, ha estimulado la participación política desde la representatividad electoral. La captura completa del sistema político a manos de los partidos Liberal y Conservador, antes y durante el Frente Nacional, es el más claro ejemplo de la cerrazón del sistema político colombiano, negado a recibir las demandas de sectores de izquierda. Con la desmovilización de grupos guerrilleros a comienzos de los años 90 del siglo pasado, y la creación de la Constitución política de 1991, el sistema vivió una apertura nunca antes vista.

Vale la pena acotar aquí un breve comentario sobre la categoría “nuevos partidos”, surgidos a partir de 1991 con los cambios del sistema electoral. Un nuevo partido surge, según Mainwaring et al. (citado por Losada y Liendo, 2015):

[...] solo si (1) los nuevos valores tienen importancia política para un número sustancial de votantes; (2) los partidos establecidos fallan en representar adecuadamente esos valores; (3) algunos políticos deciden lanzar un Nuevo Partido para capitalizar la brecha de representación; y, (4) los votantes escogen este nuevo partido porque representa esos nuevos valores. (Solo así) puede la emergencia de nuevos valores explicar parcialmente la emergencia de Nuevos Partidos.

¿Se ha abierto el sistema político en Colombia? A medias. No existe un vínculo causal que asegure que a mayor número de partidos, mayor democracia. En Colombia, los nuevos partidos, más que organizaciones con vocación de poder y norte ideológico claro, son microempresas electorales creadas no para canalizar demandas ciudadanas, sino para construir redes clientelares que terminan cooptando la burocracia. Sin embargo, la creación de nuevos partidos es un proceso sano para la democracia, pues los partidos tradicionales, al no tener mecanismos internos de democratización, no responden a las características cambiantes de la vida política actual, plagada de nuevas ciudadanías, que requieren apoyos específicos que solo se logran mediante la representación electoral.

Ahora bien, ¿cómo abrir, eficazmente, el sistema político? Primero, asumiendo lo político no solo como lo institucionalizado, sino también como lo des-institucionalizado, aquello que está en los márgenes de la representatividad. La representación se queda en el nivel de la abstracción, por lo tanto, de mera ficción, si la ciudadanía no vigila el accionar de los representantes. Y, de cualquier forma, la vigilancia es también inocua. La acción colectiva, los movimientos sociales, son formas de participación política que revitalizan la democracia como mecanismo de toma de decisiones y estrategia de acción real para la sociedad civil.

Colombia se ufanó, a lo largo del siglo XX, de no caer en manos de dictaduras cuando ésta era la constante en el hemisferio. Ello conllevó a que los partidos tradicionales adoptaran posiciones ideológicas que, aunque democráticas, excluían elementos ideológicos de la izquierda. Hoy, ante un mundo que ya no está dividido entre capitalismo y socialismo, ante un mundo pleno de ciudadanías diversas, se requiere más que nunca una sociedad civil activa, participativa, abierta y dialogante. Estas actitudes políticas deben ser estimuladas por el Estado, pues el reto mayor que enfrenta el país ante el posacuerdo con las Farc -y, posiblemente, con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)- es la descriminalización de la izquierda. Existen sectores que aún asocian cualquier tipo de acción colectiva y movimiento social con las guerrillas, lo que significa colgarle la lápida a organizaciones que buscan incidir en los procesos políticos mediante acciones comunitarias que pretenden democratizar procesos políticos relacionados con la protección del medio ambiente, la soberanía alimentaria, entre otros.

La legitimidad del sistema político dejará de cuestionarse cuando la ciudadanía sienta que la democracia es más que una abstracción o un mecanismo para elegir élites aisladas de las demandas ciudadanas. En lo político, la lucha no es contra un enemigo susceptible de eliminar o exterminar, sino contra un adversario al que hay que derrotar en la batalla de ideas.

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  13. (). El delito político en la Constitución de 1991: una herencia constitucional como herramienta en la búsqueda de la paz. Papel Político 16(2), 381-399.
Artículo de reflexión teórica, producto de la ponencia presentada en el XV Congreso Colombiano de Trabajo Social, los días 17, 18 y 19 de agosto de 2016 en Neiva, Colombia.
Nótese que uso la palabra “posacuerdo” y no “posconflicto” para referirme a la desmovilización de las Farc. Es incorrecto hablar de “posconflicto”, pues de cualquier forma quedarán en el panorama de la violencia en Colombia varios grupos alzados en armas, como la guerrilla del Eln (en proceso de diálogos con el gobierno actual), las llamadas “Bacrim” (probables remanentes de los grupos de autodefensa) y la delincuencia común asociada al narcotráfico.
“El fin de la guerra fría cambió la situación y ha tenido un gran impacto en las estrategias de existencia de los actores violentos y de aquellos que han surgido subsecuentemente. A falta de patrocinio externo, los grupos violentos se han visto forzados a desarrollar sus propios medios de sostenimiento económico. Como un reflejo de la lógica de la globalización, con frecuencia esto ha llevado a estos grupos a moverse más allá del Estado en la búsqueda de redes económicas alternativas más amplias” (Traducción propia).
“De ser cierta, esta hipótesis implica que la extracción de recursos saqueables tales como piedras aluviales, drogas, madera y productos agrícolas, es más proclive a tener aceptación popular que la extracción de recursos no saqueables como petróleo, gas y minerales profundos” (Traducción propia).
“Una distinción conceptual útil en la comprensión de la motivación para las guerras civiles es aquella entre codicia y la injusticia social. En un extremo, las rebeliones surgen debido a que los rebeldes aspiran a la riqueza mediante la captura de recursos de manera ilegal. En el otro extremo, las rebeliones surgen debido a que los rebeldes aspiran a liberar la nación de un régimen injusto” (Traducción propia).